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La Justicia da la razón a los descendientes de Salvador Ruiz Jiménez, que viven desde este verano en una de las muchas casas de las que, según denuncia el Foro por la Memoria, se apropiaron los golpistas en el verano en que empezó la Guerra Civil.
En 1936, tras la sublevación militar contra la República española, en Castellar de la Frontera, como en muchos otros pueblos de la zona, la mayor parte de la población huyó en dirección a Málaga, y, de allí, a Valencia, en un periplo migratorio que hicieron entonces miles de andaluces.
Entre ellos, Salvador Ruiz Jiménez, padre de Ana y Juan Ruiz Moya, propietario de una casa ubicada en el numero 9 de la calle Corralete, en el entorno del Castillo, que fue “ocupada y robada” por Francisco Ruiz Piña, recién nombrado por los sublevados primer alcalde franquista de Castellar.
Salvador Ruiz Jiménez nunca volvió a Castellar, pero sus bisnietos viven desde finales de agosto de 2020 en aquella casa que la “rapiña” de la guerra arrebató a sus mayores y que, según certifican las escrituras y el Registro de la Propiedad, nunca ha dejado, desde 1820, de pertener legalmente a esta familia, aunque sí haya tenido otros “ocupantes”.
Tras este descubrimiento familiar, fruto del azar, los tres jóvenes decidieron recuperar este pasado verano la que fuera en su día la casa de su abuela, Ana Ruiz (hija de Salvador), que se encontraba en aquellos momentos desocupada y en estado de deterioro.
Sin embargo, cinco hombres llegados de Madrid y Cataluña, contratados por quien afirmaba ser el propietario de la vivienda, intentaron a mitad de septiembre echar de la casa a los jóvenes, según ha relatabado el padre de uno de ellos, Juan Miguel León Moriche, periodista algecireño y miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar.
Amenazas y coacciones
“Cinco individuos, musculados y uniformados, que decían ser de la empresa Desokupamos.com, llegaron a la puerta de nuestra casa el miércoles 16 de septiembre por la mañana, afirmando que por muchos papeles que tuviéramos nos iban a sacar de aquí”.
“Avisado por mi hijo, llamé a la Policía Local y a la Guardia Civil de Castellar, pidiendo protección para estos jóvenes de nuestra familia frente a las amenazas de aquellos sujetos. La conclusión del sargento de la Guardia Civil que se presentó en el lugar, junto con un cabo de la Policía Local, fue clara: nada tenían que hacer esos individuos aquí porque no se estaba cometiendo ningún delito, ni había tipo penal alguno que perseguir, ya que los habitantes de la casa argumentaban con documentación ser propietarios de la misma”.
“Después, advirtió a los matones que se fueran del pueblo, y que si volvían por aquí estabarían cometiendo ellos un delito de desobediencia a la autoridad”, relata.
El mismo miércoles 16 de septiembre, esta familia puso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Castellar contra los cinco hombres que habían ido a amedrentarles y contra la inmobiliaria de Madrid que los había contratado y que afirmaba ser dueña de la casa. “Todos ellos son responsables de los delitos de amenazas y coacciones”, explicaba León Moriche.
Seis meses después de aquel incidente, el pasado 2 de marzo, el hijo de León Moriche y su sobrina estaban citados a juicio en la vecina ciudad de San Roque, acusados, por la empresa que decía ser actual propietaria, de un delito leve de usurpación.
“Sin embargo, antes de que comenzara el juicio, el titular del juzgado mixto número 3 de San Roque y el fiscal, a la vista de las escrituras y demás documentación que llevaba el abogado de la familia, Marcos Quesada, llamó al abogado de la acusación y le explicó que en este caso no había delito posible alguno, porque estábamos presentando pruebas contundentes de nuestra condición de propietarios”.
Un sorprendente descubrimiento familiar
Según explica León Moriche, la casa usurpada en el 36 había sido posteriormente vendida, pero aquello nunca llegó a constar en el Registro de la Propiedad. Ante esta evidencia, el letrado de la acusación retiró la denuncia y no ha llegado a haber juicio.
“El ocupante y ladrón de la casa, Francisco Ruiz Piña, que había participado con las tropas sublevadas en la invasión del pueblo en agosto de 1936, hizo en el registro de la propiedad de San Roque, en mayo de 1945, una nota marginal que luego usaría para hacer una segunda inscripción registral con la que dar apariencia de legalidad a la posesión de una casa que había robado por la fuerza a sus legítimos propietarios”.
“Esto lo hizo en connivencia con el duque de Medinaceli, Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, propietario de 18.000 hectáreas de Castellar, más del 90 por ciento de su término municipal. Antes de fallecer, el usurpador cedió ilegalmente la propiedad de la casa a sus dos sobrinas, ambas solteras y sin descendencia. Desde entonces, esta casa ha sido vendida y comprada, basándose en aquella nota marginal ilegal que se hizo en 1945”, detalla León Moriche en un comunicado.
Ana Ruiz Moya murió en 1997, sin decir nunca a su hijo y cinco hijas que era copropietaria de la casa de la calle Corralete 9 en el castillo de Castellar. En 2001, cuando se fue a vender la propiedad de la casa de Ana Ruiz en Castellar Nuevo, sus hijos y herederos descubrieron que, además, eran copropietarios de la casa de Corralete 9 en el castillo.
Contactaron en aquellas fechas con un abogado que, tras años de idas y venidas, expresó su pesimismo respecto a las acciones legales que se podían emprender para recuperar la casa.
Sin embargo, “el día 24 de agosto de 2020, mi hijo, Miguel León González, y mi sobrina Paloma León Fernández, con mi apoyo y el de más familiares, hicimos justicia. Hemos recuperado para la familia una casa que le fue robada por la violencia.
El terror que sentían sus legítimos propietarios despojados, el miedo de sus hijos, y la injusticia radical del orden jurídico vigente han perpetuado durante décadas este crimen que ahora nosotros reparamos. La casa de Corralete 9 vuelve a estar habitada por los herederos legítimos de Juan Ruiz Pro, Salvador Ruiz Jiménez y Ana Ruiz Moya”, explica Juan León Moriche.
La casa de Corralete 9 no había estado habitada desde hacía décadas, y estos jóvenes se la encontraron abandonada, sin luz, sin agua y con sus paredes deterioradas y goteras en los techos.
“Quienes la compraron y vendieron cuando fallecieron el ladrón y sus descendientes lo hicieron en base a una artimaña legal de origen luego repetida. Y desde los años ochenta para acá sólo para ganar dinero, no para vivir en ella. Nosotros lo tenemos claro: Nuestro propósito es quedarnos en la casa de nuestra familia todo el tiempo que haga falta para que todos los descendientes de Ana y Juan Ruiz Moya disfruten de ella”, concluye el portavoz de la familia.
“Hemos contratado electricidad, agua e Internet, hemos saneado y pintado paredes, y toda la familia estamos esperando a que acaben las restricciones sanitarias para celebrar juntos la recuperación de la casa. Lo haremos en el patio, junto a la torre almenada que vigila desde lo alto todo el Campo de Gibraltar”, añade este integrante del Foro por la Memoria, resumiendo en un comunicado el final feliz de esta sorprendente historia.
Una historia entre 60.000, pero con final feliz
Actualmente, y según explica León Moriche, los investigadores de las universidades andaluzas calculan, después de revisar 302.000 documentos, que “más de 60.000 personas sufrieron parecidos o peores crímenes que nuestra familia en Andalucía durante la guerra de 1936 y después.
Se puede comprobar en el libro ‘El botín de guerra en Andalucía’, en cuya investigación participaron 44 profesores de todo el territorio andaluz y que fue publicado en 2015”.
Y estos 60.000, según advierten desde el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, aún pueden ser más.
“Nos lo dijo el coordinador de la investigación en la provincia de Cádiz, Diego Caro Cancela, cuando le preguntamos por qué en el listado de Castellar que aparece en el CD adjunto al libro no figuran los nombres de Juan, Salvador o Ana Ruiz. Muy sencillo, dijo, igual que mataron sin papeles, robaron sin papeles. Y añadió: como la vuestra hay muchas familias en la misma situación en toda Andalucía. Es decir, que se queda corta la cifra de 28 vecinos de Castellar, un pueblo que no llegaba entonces a los 1.500 habitantes, a los que, según el libro, se les quitaron ‘documentalmente’ propiedades de todo tipo”.
